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En Chile se cierra la posibilidad de debatir el aborto
SANTIAGO DE CHILE, 22 de noviembre (ALC).- La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, dio a conocer un comunicado donde analiza la decisión de la Cámara de Diputados de Chile de declarar inadmisible el proyecto de ley impulsado por los diputados Marco Enríquez-Ominami y René Alinco, que despenaliza el aborto inducido hasta la 12ª semana de gestación, y posteriormente según causales.
La Red afirma que este hecho no hace sino revelar la incapacidad de la democracia chilena para abordar con honestidad una problemática de histórica presencia en Chile cual es el aborto inducido, el que además es principal causa de muerte materna. Al mismo tiempo, dicha determinación va en contra del espíritu de instrumentos jurídicos internacionales que protegen la vida y salud de las mujeres, los cuales han sido ratificados por el Estado chileno.
Más del 65% de la población mundial vive en países donde el aborto se permite sin restricción por razones socioeconómicas, para salvar la vida y salud de la mujer, por violación e incesto, o cuando el feto tiene anomalías gravísimas incompatibles con la vida. Escasos países lo consideran ilegal bajo cualquier circunstancia. Chile es uno de ellos.
Se subraya que los países que han legalizado el aborto inducido y al mismo tiempo ofrecen educación sexual y servicios de regulación de la fecundidad accesibles, apropiados culturalmente, asequibles y entregados en un contexto de respeto y confidencialidad, muestran un descenso significativo en el número de abortos.
"En Chile las leyes punitivas, el maltrato que reciben las mujeres con complicaciones de aborto, las delaciones por parte del mismo personal de salud y su posterior encarcelamiento, no han logrado disuadir a las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado o inoportuno. Por el contrario, se estima que uno de cada tres embarazos termina en aborto, con un total aproximado de 160 mil abortos inducidos cada año, cifra que incluso puede ser mayor", afirma el documento.
Abortan mujeres pobres y acomodadas, adultas y adolescentes, mujeres con estudios y con escasa escolaridad, mujeres que profesan una religión y no creyentes. Pero son las más pobres las que arriesgan sus vidas en procedimientos insalubres y peligrosos, y pueden ser encarceladas. El aborto de las mujeres con mayores recursos, en cambio, no es objeto de juicio o condena pública.
La RSMLAC, finaliza declarando que la propuesta de ley de los diputados Alinco y Enríquez-Ominami, constituye un intento por abordar y ofrecer respuestas frente a este grave problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. "La inadmisibilidad, aprobada por parlamentarios y parlamentarias de diversas tendencias políticas, incluso aquellas que se dicen progresistas y laicas, es una muestra de intolerancia y fundamentalismo que atenta contra la vida y salud de las mujeres, y las desconoce en su calidad de sujetas de derechos, con libertad y autonomía sobre su vida sexual y reproductiva".
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